El día 14 de marzo de 2016, el estado colombiano realizó ante la Corte Interamericana de DDHH, una solicitud formal de opinión consultiva en el tema de DDHH y la autonomía del derecho al medio ambiente sano, a través de la embajada de Colombia en Costa Rica, dirigida al secretario de la CIDH fundamentada en el artículo 64 numeral 01 de la Convención Americana sobre DDHH (“CADH”), en relación a:

1. La relevancia del entorno marino para los habitantes de las costas e islas de la región del gran caribe.

2. Las amenazas graves al medio ambiente marino en la región del gran caribe.

  • 2.1. La gran fragilidad del ecosistema del mar caribe
  • 2.2. Impactos negativos que se pueden presentar en la región del gran caribe como consecuencia de la construcción y operación de nuevas grandes obras de infraestructura con vocación de permanencia en el tiempo.

La opinión consultiva buscaba la orientación en algunas preguntas específicas, dirigidas a saber en qué medida los derechos consagrados en el Pacto de San José podrían garantizar la protección de los ambientes marinos que se vieran probablemente afectados por actividades como la construcción u operación de obras de infraestructuras permanentes, llevadas en la región del gran caribe y de qué forma se debe interpretar el pacto en referencia, teniendo presente el riesgo existente.

Frente a lo cual, el día 07 de febrero de 2018.- La Corte Interamericana reconoció ‘‘la relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos’’, en su Opinión Consultiva OC-23/17, desarrollando para ello el contenido del derecho al medio ambiente sano, regulado en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, y en el artículo 26 de la Convención Americana, enfatizando la relación de interdependencia e indivisibilidad que existe entre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

La Corte IDH, se refirió en su respuesta a las obligaciones estatales para la protección del medio ambiente, enfatizando que los Estados están obligados a respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas incluyendo también ciertas situaciones que van más allá de sus límites territoriales, toda vez que es deber de los Estados tienen evitar los daños transfronterizos, ello en pro de los derechos a la vida e integridad personal en el contexto de la protección al medio ambiente. De forma taxativa la Corte IDH determinó algunas tareas asignadas a todos en procura de un ambiente sano, bajo la acción inmediata de:

  • prevenir los daños ambientales significativos, dentro o fuera de su territorio. Lo cual implica que deban regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción, realizar estudios de impacto ambiental, establecer planes de contingencia y mitigar los daños ocurridos.
  • Actuar conforme al principio de precaución frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente, que afecten los derechos a la vida y a la integridad personal, aún en ausencia de certeza científica.
  • Cooperar con otros Estados de buena fe para la protección contra daños ambientales significativos.
  • Garantizar el acceso a la información sobre posibles afectaciones al medio ambiente.
  • Garantizar el derecho a la participación pública de las personas, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente.
  • Garantizar el acceso a la justicia, en relación con las obligaciones estatales para la protección del medio ambiente.

 


1 Derechos Humanos.

2 Corte Interamericano de Derechos Humanos. Secretario Pablo Saavedra Alessandri.

REFERENCIA:

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 07 de febrero de 2018. Opinión consultiva sobre medio ambiente y derechos humanos. OC-23/17. Información rescatada de: http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_04_18.pdf. El día 05 de marzo de 2018: